La Casa Blanca confirmó y defendió el segundo ataque letal contra un presunto barco de drogas, insistiendo en que la acción fue legal y que el Almirante Frank M. Bradley actuó dentro de su autoridad al ordenar el ataque de seguimiento que mató a los sobrevivientes. Esta postura fue vista por muchos como un intento de desviar la responsabilidad del Secretario de Defensa Pete Hegseth.
El Almirante Frank M. Bradley defendió su decisión ante los legisladores, alegando que los sobrevivientes del primer ataque eran objetivos militares legítimos porque supuestamente intentaban continuar la misión de narcotráfico. También negó haber recibido una orden directa de "matarlos a todos" del Secretario de Defensa Pete Hegseth, a pesar de las acusaciones de que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio.
El incidente provocó un intenso escrutinio bipartidista en el Congreso, con legisladores solicitando informes clasificados y expresando preocupación de que el ataque de doble impacto, que mató a personas aferradas a los restos, pudiera constituir un crimen de guerra. La evidencia presentada, incluyendo videos, generó serias dudas sobre la justificación militar del segundo ataque.