Se reportan despidos de altos funcionarios de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU., lo que genera preocupación y tensiones internas. Estos despidos parecen estar vinculados a la resistencia a la influencia de cabilderos y a la politización de las decisiones.
Exfuncionarios y observadores acusan a la administración Trump de convertir la División Antimonopolio en un esquema de "pago por jugar" (pay-to-play), donde los cabilderos y las conexiones políticas influyen en las decisiones de fusiones y adquisiciones, a menudo en detrimento de la aplicación de la ley.
Gail Slater fue confirmada por el Senado como la nueva jefa de la División Antimonopolio del DOJ. A pesar de las preocupaciones sobre sus vínculos y su enfoque, Slater ha prometido ser escéptica del poder corporativo y ha delineado una visión de "America First Antitrust".
Roger Alford, ex número dos de la División Antimonopolio, ha sido una figura clave en la denuncia de la corrupción y la politización dentro de la división. Sus declaraciones detallan cómo las decisiones se vieron comprometidas por influencias externas y favoritismos políticos.
Se critica la influencia indebida de cabilderos y abogados políticamente conectados en las decisiones de la División Antimonopolio, lo que lleva a la aprobación de fusiones cuestionables y a la anulación de las recomendaciones de los propios funcionarios de la división.
Hay un sentimiento generalizado de que la División Antimonopolio ha sido debilitada o comprometida, lo que genera dudas sobre su capacidad para cumplir su mandato de luchar contra el poder monopolista y proteger la competencia en el mercado.